«El Estado argentino me entrenó para hacer eso»

El primer documental de Lucrecia Martel convierte el juicio por el asesinato de Javier Chocobar en una impactante reflexión sobre el legado del colonialismo. El documental se puede ver en Bozar, Flagey y en el Palace, a partir de hoy.

Se necesitan varios minutos para darse cuenta de que Nuestra tierra está filmando un juicio. Lucrecia Martel abre su primer documental con una vista satelital de la Tierra, acompañada de cantos religiosos. Poco a poco, la cámara se acerca. Norte de Argentina. Estas imágenes lejanas y abstractas se vuelven cada vez más reconocibles. Las imágenes satelitales se convierten en imágenes de drones. Los cantos religiosos se desvanecen y dan paso a la música tradicional de la provincia de Tucumán. Las montañas y los caminos se perfilan, la comunidad Chuschagasta aparece en pantalla. Antes incluso de que se pronuncie una sola palabra, la cineasta nos recuerda que este juicio es, ante todo, una historia de lucha por un territorio.

En 2009, Javier Chocobar, miembro de la comunidad indígena Chuschagasta, es asesinado mientras se opone a la apropiación de las tierras de su pueblo por parte de hombres que quieren explotar sus riquezas mineras. Catorce años después, la gran cineasta Lucrecia Martel, también originaria del norte de Argentina, filma el juicio en su totalidad. Pero muy pronto nos damos cuenta de que el tribunal no es más que la parte visible de un iceberg tan grande como la construcción histórica colonial de la Argentina. El tribunal es solo un umbral. Martel lo cruza para contar todo lo que condujo hasta él.

Todos los detalles se reproducen minuciosamente hasta el punto de provocar náuseas. Al igual que en sus ficciones, la directora argentina construye su relato tanto a través del sonido como de la imagen. Una silla que se mueve. Conversaciones susurradas en un pasillo. Un silencio que se instala antes de que alguien hable. Miradas que se cruzan. La fotografía es magnífica, pero nunca busca embellecer la realidad. Se limita a observar. Lucrecia Martel desea, como siempre, «luchar contra la idea de que la realidad es natural». Su película muestra precisamente que nada lo es: ni las fronteras, ni las relaciones de dominación, ni los relatos oficiales.

El documental muestra la desigualdad del sistema judicial, al analizar cada uno de sus defectos. A lo largo de las audiencias, dos mundos se enfrentan. Por un lado, los acusados, quienes dominan los códigos de la justicia, su lenguaje, su vocabulario, sus procedimientos. Por el otro, la comunidad indígena que debe defender su existencia en una institución que nunca fue concebida para ella. A veces parecen faltar las palabras cuando se pone en duda incluso su propia existencia jurídica.

«El Estado argentino me entrenó para hacer eso», declara uno de los acusados durante el juicio —un policía de formación— mientras explica los gestos que utilizó para defenderse en el momento de un enfrentamiento con la comunidad chuschagasta. Martel nunca responde de manera directa a estas palabras. Las deja resonar, que se asimilen. El Estado argentino los ha entrenado a todos para hacer eso, para ver así, para pensar así, para sentir así. El documental no acusa: expone los mecanismos de un pensamiento colonial que sigue impregnando las instituciones, a los magistrados, los libros de historia, los atlas, las iglesias.

Para contrarrestar esta violencia, la directora recurre a otro tiempo. El de las fotografías de la comunidad, tomadas a lo largo de los años. Retratos, gestos cotidianos, escenas familiares, de felicidad. Estas imágenes recuerdan que no solo se defiende un territorio ante un tribunal. Se defiende una forma de habitar un lugar, una memoria en toda su complejidad. Un territorio desigual que la gente ama tanto como huye de él. Ante las desigualdades económicas, muchas familias se van a trabajar a la ciudad y se convierten en personal doméstico en las familias adineradas de Tucumán o Buenos Aires. A menudo, como una ironía del destino, en familias de magistrados, jueces o abogados que durante el día se encargan de expropiarles, por vía legal, la tierra de sus antepasados.

El juicio avanza como un verdadero thriller. Detrás del asesinato van surgiendo poco a poco los intereses económicos relacionados con la explotación minera. Finalmente se dicta el veredicto: diez, dieciocho y veintidós años de prisión. Una decisión importante, sin duda. Pero la película deja una impresión más ambigua. Como si la justicia siempre llegara después de la violencia. Siempre demasiado tarde.

Una imagen resume las intenciones de la directora: un dron sobrevuela tranquilamente las montañas antes de que la imagen se vuelva borrosa. El aparato acaba de ser embestido por un ave rapaz. Durante unos segundos, la máquina pierde su trayectoria y se estrella contra el suelo. La naturaleza se resiste a la mirada que pretende dominarla. Este plano, tan breve como magnífico, tal vez lo dice todo sobre el proyecto de Lucrecia Martel.

Nuestra tierra no es el relato de un juicio. Es el relato de un país que sigue escribiendo su historia seleccionando minuciosamente lo que decide olvidar. Sobre lo que los Estados fabrican, sobre aquellos a quienes eligen borrar y sobre aquellos que sobreviven, a pesar de todo. Un historiador entrevistado en la película resume esta batalla por la memoria en dos frases:

«¿Qué recordará la Historia?

La Historia mentirá. Como siempre».